El pulso de la pesca escocesa revela el precio real de “simplificar” el comercio con la UE
Por Martín Soler
La Scottish Fishermen’s Federation (SFF) elevó el tono con una advertencia directa al ministro británico para las relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds: cuidado con cualquier acuerdo sanitario y fitosanitario (SPS) que termine empujando al Reino Unido de vuelta hacia la órbita regulatoria europea en pesca. La industria no está reaccionando a una frase suelta ni a una discusión académica. Está leyendo una negociación comercial como un mecanismo de reparto de valor y poder.
El momento importa. La arquitectura pesquera del Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA) deja a las flotas de la UE con acceso a aguas del Reino Unido hasta el 30 de junio de 2026, y ese vencimiento abre una ventana para reescribir reglas, cuotas y certidumbre. A eso se suma una segunda capa de presión, menos visible para el gran público y más dolorosa para la operación: nuevas exigencias regulatorias de la UE desde el 10 de enero de 2026 para buques del Reino Unido que pescan en aguas comunitarias (marcado de artes pasivas, reportes electrónicos “lance por lance”, y mayor frecuencia de posicionamiento VMS en áreas restringidas). El propio regulador británico, a través de Sean Douglas de la Marine Management Organisation (MMO), reconoció que el aviso tardío añade carga y pidió pragmatismo en la aplicación.
Este cruce de plazos y reglas no es una anécdota. Es el tablero donde se decide algo muy concreto: si el valor de “menos fricción” en frontera se traduce en margen y estabilidad para las empresas pesqueras y exportadoras del Reino Unido, o si ese beneficio termina “pagándose” con concesiones de acceso, dependencia regulatoria y costos permanentes.
Un acuerdo SPS no es burocracia: es una palanca de poder sobre el agua
En teoría, un SPS trata de alineación en estándares sanitarios y fitosanitarios para reducir inspecciones, demoras y papeleo en el comercio de productos animales y vegetales. En práctica, cuando se superpone con un sector como pesca —donde el activo crítico no es una fábrica sino un recurso natural con acceso regulado— un SPS se convierte en moneda de cambio.
La SFF teme exactamente esa aritmética: que se venda como “facilitación comercial” lo que en realidad sea un mecanismo para reintroducir, de forma indirecta, elementos de la política pesquera común europea en forma de condicionamientos. El antecedente político está ahí: el TCA ya concedió continuidad de acceso a flotas de la UE hasta 2026, y el sector quedó insatisfecho con el reparto. De hecho, el acuerdo de 2020 estableció una devolución gradual del 25% de las cuotas de la UE al Reino Unido durante cinco años y medio, que en agregado significó menos de un 10% de aumento en la cuota total británica en 87 poblaciones compartidas, concentrando los mayores avances en caballa occidental, arenque del Mar del Norte y lenguado.
En paralelo, el sistema de licencias fue real y masivo: en 2021 el gobierno británico emitió más de 1.800 licencias a buques de la UE para faenar en aguas del Reino Unido. Ese dato, por sí solo, explica por qué “ceder acceso” no es un concepto abstracto para la flota escocesa: es competencia directa por un recurso con límites biológicos, con impacto inmediato en ingresos por tonelada disponible.
La tensión es distributiva. Un SPS exitoso puede devolver valor al exportador en forma de menor costo logístico y mayor previsibilidad de entrega. Pero si el precio de esa reducción de fricción es aumentar dependencia regulatoria o debilitar la capacidad del Reino Unido de imponer condiciones sobre el acceso a sus aguas, el sector percibe que está financiando el beneficio de terceros. No se trata de una preferencia ideológica, sino de una defensa del único activo que no se puede “importar”: el derecho a pescar en una zona económica.
Los costos operativos ya subieron: la UE trasladó complejidad a la cubierta del barco
Mientras Londres y Bruselas discuten grandes paquetes, el costo real se está materializando en tareas adicionales, software, etiquetado y reportes. La UE fijó nuevas reglas con entrada en vigor 10 de enero de 2026 para buques del Reino Unido que operan en aguas comunitarias: marcado obligatorio de artes pasivas con etiquetas durables e irremovibles con el identificador del buque; reportes electrónicos detallados “lance por lance” para buques de 12 metros o más bajo la Regulación (UE) 2023/2842; y un salto en la intensidad de seguimiento VMS, con reportes cada 30 minutos en áreas restringidas como el Dogger Bank (bajo Regulación de la Comisión 2025/2191) y cierres de hábitats sensibles en Irlanda (en el marco de Regulación del Consejo 2019/1241), incluso con un buffer adicional.
La lectura estratégica es clara: cuando un actor controla el mercado de acceso (aguas y puertos) puede diseñar “costos de cumplimiento” que no aparecen como aranceles, pero que funcionan como fricción económica equivalente. No es un juicio moral; es cómo se gobiernan cadenas transfronterizas cuando el arancel es políticamente indeseable.
En este contexto, la declaración de Sean Douglas (MMO) sobre la carga del aviso tardío es relevante porque valida el problema operativo: no solo son reglas más exigentes, sino que llegan con tiempos que complican adaptación tecnológica y entrenamiento. MMO y Defra prometieron apoyo, y se mencionan actualizaciones de software VMS con un proveedor (AST), además de líneas de ayuda. Eso mitiga, pero no elimina, la parte más estructural: una vez que el costo se instala como “nuevo estándar”, se vuelve permanente y reconfigura la competitividad.
Para una startup, este es el tipo de cambio regulatorio que genera oportunidades inmediatas (compliance-tech, automatización de reportes, etiquetado industrial, telemetría marítima), pero también revela un riesgo clásico: construir un negocio cuya demanda depende de una fricción impuesta por terceros. Si mañana el esquema cambia por un acuerdo político, el mercado se achica. El emprendedor inteligente en este espacio no vende “software para cumplir con la regla X”, vende reducción de costos operativos y trazabilidad que también mejora eficiencia, seguridad y acceso a mercados.
El vencimiento de 2026 es una renegociación de rentas, no un trámite
El 30 de junio de 2026 vence el capítulo pesquero del TCA y, con él, el equilibrio actual de acceso y reparto. A partir de ahí, la dinámica puede migrar hacia negociaciones anuales en 87 stocks compartidos, salvo que se pacte un marco plurianual. La UE, según análisis recogidos en la cobertura, busca estabilidad multianual para reducir incertidumbre de flota. El Reino Unido aún no cristaliza públicamente un diseño alternativo que cierre el círculo entre soberanía regulatoria, rentabilidad sectorial y acceso a mercados.
Aquí aparece el punto ciego típico en negociaciones comerciales: se discute el “beneficio agregado” y se oculta la distribución. Un SPS puede generar ganancias macro (en la cobertura se menciona una estimación potencial de 1–2% de impulso al comercio de productos vegetales y animales y 0,5% al PIB), pero esos números agregados no dicen quién gana y quién paga. En pesca, el que paga suele ser quien está más atado al activo físico y menos diversificado: la flota y las comunidades costeras.
Además, hay conflictos laterales que actúan como palancas de presión. La UE inició acciones legales por la prohibición británica de pesca de lanzón (sandeel) en sus aguas, afectando principalmente a buques daneses, con un fallo arbitral esperado. Más allá del resultado, el mensaje es que las decisiones ambientales y de manejo pesquero se vuelven material negociador. Cuando el recurso natural y su protección se judicializan, el costo de insistir en autonomía crece.
El riesgo para el Reino Unido no es “volver” formalmente a un régimen, sino terminar en una zona gris donde el acceso al mercado europeo se compra con alineación regulatoria y el acceso a aguas se vuelve el comodín de negociación. En esa zona gris, la inversión se frena: nadie moderniza flota, procesos o tecnología con seguridad si el activo subyacente —cuota y acceso— se reabre cada ciclo político.
La oportunidad para startups está en bajar fricción sin cobrarla como peaje
Esta historia está clasificada como startups por una razón útil: las mejores oportunidades emergen cuando el incumbente se atasca entre regulación, negociación internacional y operación diaria. Pero hay dos formas de capturar esa oportunidad.
La primera es el modelo “peaje”: vender herramientas para cumplir, capturar dependencia, subir precios cuando el cliente no puede cambiar. Eso crea margen a corto plazo y destruye valor a mediano: el cliente lo vive como un impuesto privado sumado al impuesto regulatorio. En un sector con volatilidad de cuotas y costos (combustible, mantenimiento, tripulación), ese peaje termina siendo una invitación a desintermediación o a compras cooperativas que expulsan al proveedor.
La segunda es diseñar producto alineado con el interés del operador. En pesca, la adopción ocurre cuando el software o el hardware reducen tiempo muerto, mejoran seguridad, disminuyen error de reporte y evitan sanciones sin aumentar carga administrativa. Si el emprendedor logra que el capitán y el armador perciban menos fricción y más control, la disposición a pagar sube sin necesidad de capturar rentas por coerción.
Los cambios de la UE en logbooks y VMS abren un mapa de soluciones: automatización de reportes con interfaces pensadas para cubierta, integración con sensores para minimizar carga manual, gestión de cumplimiento por zonas restringidas con alertas y evidencia, etiquetado durable con trazabilidad de artes para evitar pérdidas y conflictos. Cada una es una cuña para construir productos exportables a otros mercados marítimos donde la trazabilidad también está escalando.
El matiz estratégico es no depender exclusivamente de la fricción UE-Reino Unido. El producto debe servir igual en un escenario de SPS amplio o en uno de ruptura. Ese diseño evita el riesgo de que una firma política convierta el mercado en una anomalía temporal.
La decisión real se mide en quién absorbe el costo y quién captura el upside
La carta de la SFF a Nick Thomas-Symonds es la señal de una industria que no quiere que la “facilitación” comercial se financie con cesión de control sobre el activo más escaso. El dato duro es que el TCA devolvió un 25% de cuotas en transición pero solo elevó la participación británica en menos de 10% sobre el total en stocks compartidos, mientras se otorgaban más de 1.800 licencias a buques de la UE en un solo año. Con ese historial, cualquier paquete que prometa menos fricción en frontera sin blindajes explícitos sobre acceso y autonomía se interpreta como una transferencia de valor: el exportador gana velocidad y el sector extractivo paga con incertidumbre y competencia en su propio recurso.
En este tipo de negociaciones, la ventaja competitiva sostenible no nace de “ganarle” al otro en la mesa, sino de construir un reparto donde el aliado también prefiera estabilidad. Cuando el beneficio del SPS se captura en la cadena comercial mientras el costo se deposita en la cubierta del barco y en el acceso al agua, el valor se concentra en el tramo que vende y se destruye en el tramo que produce, y ese desequilibrio siempre termina encareciendo el sistema completo.
