Por qué el auge de la IA está enriqueciendo a los de siempre y cómo podría cambiar
Hay un dato que vale la pena sostener un momento antes de pasar al análisis: en 2025, las empresas de inteligencia artificial absorbieron el 61% de toda la inversión de capital de riesgo global, según la OCDE. Eso representa 258.700 millones de dólares de un total de 427.100 millones. En el primer trimestre de ese mismo año, una sola operación de 40.000 millones de dólares en IA duplicó la actividad global de capital de riesgo de un trimestre al siguiente. No es un sector dentro del mercado. Es el mercado.
Ahora viene la pregunta que ese número inevitablemente abre: ¿quién está capturando ese valor? La respuesta corta es que no son los inversores ordinarios, no son los fondos de pensiones convencionales y definitivamente no son los ciudadanos de clase media que tienen una cuenta de inversión en un fondo indexado. La riqueza que está generando esta oleada tecnológica se está construyendo en un circuito privado al que la mayoría de las personas no tiene acceso legal, no por negligencia, sino por diseño regulatorio acumulado durante décadas.
Un veterano del capital de riesgo con 25 años en la industria lo formuló con una claridad que pocas veces se ve en este tipo de análisis: el problema no es que los multimillonarios paguen pocos impuestos. El problema es que el sistema actual hace prácticamente ilegal que la clase media participe en los mayores eventos de creación de riqueza de la historia moderna. Eso merece tomarse en serio como diagnóstico estructural, no como retórica política.
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El mecanismo que reemplazó a las bolsas públicas
Durante las décadas de los ochenta y los noventa, las empresas tecnológicas más importantes del mundo salieron a bolsa relativamente pronto en su ciclo de vida. Microsoft, Intel, Cisco, Amazon: gran parte de su apreciación de valor ocurrió mientras cotizaban en mercados públicos, donde cualquier persona con una cuenta de corretaje podía comprar acciones. Eso no era una política deliberada de inclusión. Era simplemente cómo funcionaba el modelo: si una empresa necesitaba capital a escala, el mercado público era el camino más eficiente.
Ese mecanismo dejó de funcionar así después de 2002, cuando la Ley Sarbanes-Oxley añadió capas de cumplimiento normativo que se volvieron especialmente onerosas para empresas pequeñas y medianas. Combinadas con las leyes de valores de 1933 y 1934, que restringen la inversión en colocaciones privadas a inversores acreditados —es decir, personas con patrimonio neto superior a un millón de dólares o ingresos anuales por encima de ciertos umbrales—, las condiciones para que una empresa de alto crecimiento prefiriera mantenerse privada se volvieron sistemáticamente más favorables.
El resultado visible es la contracción del mercado público. El índice Wilshire 5000, que se creó para capturar la totalidad del mercado accionario estadounidense, hoy cubre aproximadamente 3.100 empresas. El número en sí lo dice todo sobre la dirección del viaje.
Lo que ocurrió en paralelo fue la construcción de un ecosistema privado suficientemente robusto para reemplazar lo que antes ofrecían los mercados públicos: capital a gran escala, liquidez selectiva para fundadores y empleados, mercados secundarios activos e inversores institucionales dispuestos a escribir cheques cada vez más grandes. OpenAI, Anthropic, SpaceX llevan años operando en esa estructura. Pueden levantar miles de millones de dólares sin someterse al escrutinio trimestral de Wall Street, sin divulgar información estratégica sensible y sin exponerse a la litigiosidad que acompaña a las empresas públicas.
Desde el punto de vista de sus juntas directivas, esa decisión es perfectamente racional. Una empresa con una capitalización de mercado de 100 millones de dólares puede quedar gravemente dañada por un litigio de 10 millones de dólares, aunque las reclamaciones sean débiles. La combinación de costos de cumplimiento, exposición legal y escrutinio público crea incentivos muy concretos para permanecer en el circuito privado el mayor tiempo posible. El problema no es la racionalidad de cada empresa individual. El problema es lo que produce ese patrón en agregado durante dos décadas.
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Un mercado privado con muchos cobradores de peaje
El ecosistema de capital privado que ha reemplazado a los mercados públicos no es precisamente una estructura eficiente desde el punto de vista del coste. Tiene intermediarios en cada eslabón: agentes de colocación, plataformas de mercado secundario, vehículos estructurados, fondos de fondos, cada uno con su comisión de gestión y su participación en beneficios. Los fundadores y gestores pagan ese peaje a través de valoraciones efectivas más bajas, mayor fricción operativa y menor liquidez de la que tendrían en un mercado público bien organizado.
Mientras tanto, los actores que sí tienen acceso a ese circuito operan con ventajas estructurales que se refuerzan mutuamente. Las oficinas de gestión patrimonial de grandes fortunas y los fondos soberanos pueden escribir cheques más grandes, mantener posiciones durante periodos más largos y moverse a través de fronteras y clases de activos sin las restricciones que impone el modelo de fondo con vida de diez años que utilizan los fondos de capital de riesgo tradicionales. Según el análisis publicado por Family Wealth Report, "algunos de los acuerdos más grandes y consecuentes en tecnología, salud y ciencias de la vida no los han liderado los fondos de capital de riesgo tradicionales", sino precisamente estas estructuras de capital paciente que no necesitan devolver el dinero a sus inversores en un plazo determinado.
LGT Capital Partners, especializada en inversión privada en IA, reporta haber desplegado más de 7.000 millones de dólares en más de 155 inversiones en IA desde 2012, con aproximadamente el 80% de esa actividad concentrada en rondas semilla y Series A. Ese tipo de acceso temprano, donde se acumula la mayor parte del potencial de apreciación, está completamente fuera del alcance de un inversor minorista o de un fondo de pensiones estándar.
Lawrence Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, ha advertido que el auge de la IA podría ampliar la brecha de riqueza en la medida en que los asesores financieros empujan a sus clientes hacia los mercados, porque eso amplifica la diferencia entre quienes tienen capital posicionado y quienes no. La advertencia es válida, pero incompleta: incluso quienes participan en los mercados públicos solo acceden a la parte final de la historia de valor de estas empresas. El grueso de la apreciación ya ocurrió antes de que existiera cualquier precio público.
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Lo que propone quien conoce el sistema por dentro
El argumento del veterano del capital de riesgo que originó este debate no es particularmente ideológico. Es estructural. Y sus propuestas merecen analizarse con el mismo pragmatismo con que plantea el diagnóstico.
La primera es reforma del sistema de litigios accionariales, incluyendo reglas de "el que pierde paga" para desincentivar demandas frívolas. Esto reduciría uno de los factores que más pesa en la decisión de permanecer privado, especialmente para empresas de menor tamaño. El efecto sobre la oferta de empresas públicas sería gradual, no inmediato, pero corregiría una distorsión real.
La segunda es ampliar el acceso individual a vehículos de inversión en mercados privados. Las reglas de inversor acreditado que hoy rigen en Estados Unidos fueron diseñadas para otra era del mercado. Actualizar esos criterios, o crear nuevas categorías de vehículos regulados que permitan a inversores minoristas obtener exposición diversificada a empresas privadas de alto crecimiento, corregiría parte de la exclusión sin eliminar las protecciones que tienen sentido.
La tercera es la más ambiciosa: la creación de un fondo soberano de riqueza federal en Estados Unidos. Más de 90 países ya operan estructuras de este tipo, incluyendo Noruega, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Nigeria y Perú. A nivel subnacional, estados como Texas, Alaska y Nuevo México han construido versiones que han fortalecido sus finanzas públicas y ampliado los beneficios económicos de largo plazo para sus ciudadanos. La idea es que ese fondo no redistribuya riqueza después de que se crea, sino que invierta junto a los actores que hoy tienen acceso privilegiado, de modo que cuando las empresas ganadoras del ciclo de IA ganen, el país gane con ellas.
La comparación histórica que hace el autor es útil: la Seguridad Social fue la respuesta al miedo de que los estadounidenses envejecieran sin recursos tras la Gran Depresión. Los fondos de pensiones corporativos y sindicales extendieron esa lógica dando a una parte amplia del país participación en el crecimiento económico. Esas pensiones han retrocedido precisamente cuando las mayores ganancias del capitalismo moderno se están generando en mercados privados a los que la mayoría de los estadounidenses no puede acceder. Un fondo soberano federal sería la actualización de ese mecanismo para el ciclo tecnológico actual.
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El patrón que no cambia solo con mejores regulaciones
Hay una dimensión de este problema que las propuestas regulatorias no resuelven por sí solas, y es la dinámica de convergencia que está ocurriendo dentro del propio capital de riesgo. Según el análisis de Family Wealth Report, a medida que más fondos adoptan herramientas de selección basadas en modelos de lenguaje, sus métodos de búsqueda y selección de inversiones tienden a converger. El capital se acumula más rápido en las categorías obvias, que son precisamente las que ya dominan los actores más grandes con mayor capacidad de cheque. La IA como herramienta de inversión acelera la concentración en lugar de distribuirla.
Eso significa que reformar el acceso individual a los mercados privados no es suficiente si la dinámica de capital sigue concentrando las rondas más grandes y más tempranas en manos de los actores con capital más paciente y mayor escala. Un inversor minorista que accede a un fondo de fondos de capital privado sigue llegando tarde y a través de múltiples capas de comisiones. El fondo soberano, en cambio, puede operar a la escala y con el horizonte temporal que hoy solo tienen los fondos soberanos de otros países y las grandes oficinas de gestión patrimonial privada.
La creación de riqueza en el ciclo de IA ya está en marcha. Las rondas se están cerrando, las valoraciones se están fijando y los beneficiarios están siendo seleccionados por la arquitectura actual del mercado. Cada trimestre que pasa sin un ajuste estructural es un trimestre en el que esa distribución se consolida más. La ventana para intervenir antes de que el valor esté completamente capturado es finita, y el argumento más sólido a favor de un fondo soberano no es redistributivo sino precisamente el contrario: que participar en la creación de ese valor es más eficiente que intentar recuperarlo después mediante impuestos sobre riqueza ya acumulada.
