California le pasa la factura del COVID a sus pequeños negocios
Hay un impuesto que la mayoría de los empleadores californians no eligió, no provocó y no puede evitar. Se aplica sobre los primeros 7.000 dólares del salario de cada empleado. Y está a punto de costar casi nueve veces más que en cualquier otro estado del país. No es una propuesta legislativa en debate. Es el resultado aritmético de una deuda federal de desempleo que California acumuló durante la pandemia y que, a diferencia de casi todos los demás estados, no ha pagado.
La cifra que circula en los reportes más recientes oscila entre los 20.000 y los 23.000 millones de dólares. La mecánica federal es simple: cuando un estado no salda su deuda con el Fondo Federal de Seguro de Desempleo (FUTA, por sus siglas en inglés), el gobierno central sube automáticamente la tasa impositiva que pagan los empleadores de ese estado. El ritmo es anual. La tasa sube mientras la deuda exista. California lleva varios años en ese camino y está acercándose a un 5,2% de tasa federal —frente al 0,6% estándar que pagan los negocios en los estados que liquidaron sus deudas.
El senador estatal Brian Jones introdujo una resolución conjunta para pedirle al Congreso que suspenda esas escaladas automáticas. Su argumento central es que los empleadores no son responsables de la deuda: el estado la acumuló, el estado no la pagó y ahora son las empresas —muchas de ellas pequeños negocios con márgenes mínimos— quienes absorben el costo. La semana en que Jones presentó la resolución fue la Semana Nacional de las Pequeñas Empresas. El momento no fue casual.
Por qué el tamaño de la empresa determina quién sobrevive este aumento
Las grandes corporaciones con equipos de finanzas, lobbistas y estructuras fiscales complejas tienen herramientas para gestionar un aumento de costos laborales. Pueden renegociar contratos, ajustar estructuras de compensación o distribuir el impacto entre divisiones. Un negocio con doce empleados, no.
El 99,8% de los negocios en California son pequeñas empresas. Ese dato, que cita la oficina del senador Jones, no es decorativo: define quién carga con el peso real de esta política. Si se toman los primeros 7.000 dólares de salario de cada trabajador y se aplica una tasa del 5,2%, el costo adicional por empleado supera los 300 dólares anuales. Para un restaurante familiar con 15 empleados, eso son más de 4.500 dólares que no estaban presupuestados. Para una empresa de manufactura con 80 trabajadores, el número supera los 24.000 dólares. Y si el estado no paga la deuda, la tasa seguirá subiendo.
Rob Lapsley, presidente de la California Business Roundtable, ha advertido que las penalizaciones acumuladas podrían alcanzar los 400 dólares por empleado si el problema no se resuelve. Eso implica que el costo por empleado podría duplicarse o más respecto al nivel actual, presionando especialmente a los sectores con márgenes bajos y alta densidad de personal: hostelería, comercio minorista, servicios de limpieza, cuidado de personas mayores.
Lo que está ocurriendo no es un aumento de impuestos diseñado para financiar algo concreto. Es una penalización automática activada por la incapacidad del estado de saldar una deuda que otros estados gestionaron con los mismos recursos. Entre 2021 y 2023, muchos estados recibieron superávits presupuestarios sin precedentes gracias a los estímulos federales y a la recuperación económica. Varios destinaron parte de esos fondos a liquidar sus deudas de desempleo. California eligió otras prioridades: infraestructura, programas contra la falta de vivienda, entre otros. Esa decisión no fue ilegal. Pero tiene un precio, y ese precio lo están pagando ahora los empleadores.
Lo que la deuda de desempleo revela sobre la estructura de riesgo del estado
El fraude también es parte de esta historia. La resolución presentada por el senador Jones estima que el Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD) pagó al menos 20.000 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas durante la pandemia. Si esa cifra es correcta, el fraude representa una porción sustancial de la deuda total. El Departamento de Trabajo federal anunció en febrero de 2026 que enviaría un equipo especial para investigar el abuso y la gestión de los fondos de desempleo en California, similar a los esfuerzos ya desplegados en Minnesota.
Esto plantea una pregunta estructural sobre cómo se distribuyen los riesgos en el modelo fiscal californiano. El estado tomó decisiones —extender los cierres por pandemia, no implementar controles suficientes contra el fraude, no priorizar el pago de la deuda durante el superávit— y los costos de esas decisiones se están trasladando de forma sistemática hacia los empleadores privados. No hay mecanismo automático de rendición de cuentas para el estado. Hay uno muy concreto para los negocios: la tasa FUTA sube cada año hasta que alguien pague.
Esto no es solo un problema de carga tributaria. Es un problema de arquitectura de riesgo. Cuando una entidad —pública o privada— externaliza las consecuencias de sus errores hacia terceros sin voz en las decisiones originales, destruye los incentivos correctos. Los empleadores californians no decidieron extender los cierres. No diseñaron los controles del EDD. No asignaron el superávit presupuestario. Pero son ellos quienes reciben la factura.
La resolución del senador Jones busca que el Congreso interrumpa ese mecanismo de penalización cuando la deuda sea resultado de decisiones estatales específicas —como cierres forzados o fallos en la prevención del fraude— y no de una crisis económica estructural inevitable. Es una propuesta con lógica, pero que depende de voluntad política federal en un momento en que las prioridades del Congreso están en otro lugar.
El crédito fiscal de 180 millones no cambia la aritmética de fondo
Un día antes de que se presentara la resolución de Jones, el gobernador Newsom anunció 180 millones de dólares en créditos fiscales del programa California Competes Tax Credit, distribuidos entre 17 empresas en sectores como aeroespacial, manufactura avanzada, almacenamiento de baterías y producción cinematográfica. El estado proyecta que esas empresas generarán 4.489 puestos de trabajo con un salario promedio de 132.000 dólares anuales y movilizarán cerca de 1.000 millones en inversión privada.
Los números parecen sólidos en papel. El problema es la escala. Los 7,6 millones de empleos que sostienen las pequeñas empresas en California no se protegen con créditos selectivos para 17 compañías en sectores de alto valor. El programa California Competes existe desde hace años y tiene lógica como herramienta de atracción de inversión estratégica. Pero no está diseñado para compensar una carga tributaria horizontal que afecta a todos los empleadores independientemente de su sector o tamaño.
Dicho de otra forma: el estado está diseñando una política de atracción puntual para firmas grandes mientras la base del tejido empresarial absorbe un aumento de costos que no eligió. Eso no es necesariamente una contradicción intencional, pero sí es una asimetría de beneficios que revela cómo se priorizan los instrumentos fiscales disponibles. Los créditos selectivos requieren que las empresas beneficiadas cumplan compromisos de empleo y permanencia. La tasa FUTA no pregunta nada: se cobra sola.
La propuesta del gobernador para el presupuesto revisado —que incluye una suspensión de deducciones por pérdidas operativas netas y restricciones a créditos de investigación y desarrollo que podrían significar 4.500 millones de dólares adicionales en carga fiscal para las empresas— agrava el panorama. Si esa propuesta avanza, los negocios california enfrentan simultáneamente el aumento FUTA, la potencial eliminación de escudos fiscales que usaban para gestionar años de pérdidas y la incertidumbre de una deuda que el estado no tiene plazo comprometido para saldar.
La factura no es solo fiscal, es sobre quién absorbe la incertidumbre
El verdadero costo de esta situación no está solo en los dólares por empleado. Está en lo que ese tipo de incertidumbre hace con las decisiones de inversión de los pequeños empresarios.
Un propietario de un negocio con 20 empleados que planea contratar a tres personas más en los próximos 12 meses tiene que hacer una proyección de costos laborales que incluye una variable que no controla: cuánto subirá la tasa FUTA el próximo año si California no paga. Si no puede modelar ese número con confianza, el incentivo racional es posponer la contratación. O no hacerla. El resultado no aparece en ningún dato de desempleo como decisión política. Aparece como ralentización del crecimiento de un negocio, como un turno menos cubierto, como una expansión que no ocurrió.
Esto es lo que hace particularmente costosa esta situación para la economía californiana a mediano plazo: no genera un impacto dramático y visible de inmediato. Genera una fricción acumulada en miles de decisiones pequeñas que en conjunto frenan la capacidad de generación de empleo del tejido empresarial. Los negocios que sobrevivieron los cierres pandémicos, que mantuvieron nóminas cuando no tenían clientes, que fueron el soporte de sus comunidades durante los momentos más duros, son ahora los que cargan con el costo de la gestión fiscal del estado.
La resolución de Jones tiene un camino incierto en el Congreso. La deuda seguirá creciendo. La tasa FUTA seguirá subiendo. Y cada año que pasa sin resolución, más pequeños empleadores incorporan ese costo como permanente y ajustan sus planes de crecimiento en consecuencia. Lo que comenzó como una crisis de liquidez del estado durante la pandemia se ha convertido en un impuesto encubierto sobre la capacidad de creación de empleo del sector que menos puede absorberse.
